Ética Juridica y profesional

 

7 de julio, 2015, Rafael del Rosal

La retirada de la ley de las profesiones y el “efecto tsunami”

Artículo publicado por el autor en el nº 8, 2015, 6ª época de la revista “OTROSÍ” que edita el Colegio de Abogados de Madrid, en el que comenta la retirada de trámite por el Gobierno del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, su significación y la actitud a adoptar ante la misma.

El día 15 de abril de 2015, saltaba a la prensa la noticia de que el Gobierno retiraba de su tramitación la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Así lo había dado a conocer la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal en un “desayuno informativo” celebrado en la “Fundación Caminos” del Colegio de Caminos Canales y Puertos. Al siguiente día 16 lo confirmaba el Ministro de Justicia, manifestando que: – “El proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales creaba más problemas de los que resolvía y la misión del Gobierno tiene que ser ofrecer soluciones”. El alborozo generado por la retirada de la ley en cuestión en el profesionalismo español, especialmente en el institucional, fue extraordinario y generalizado como corresponde cuando se evita un error que hubiera podido generar grandes estragos.

Es verdad que con la retirada de tramitación de dicha ley por el Gobierno los Colegios Profesionales mantienen intactas en España sus opciones de conseguir una ley reguladora que de verdad los reforme de buena fe y de buen amor, adecuando su concepción y funciones a la modernidad de una vez por todas. Pero también lo es que, una vez más, se quedan sin reforma y seguirán careciendo de una ley reguladora de nueva planta hecha en democracia para continuar regidos por una ley preconstitucional, de febrero del año 1974 (Ley 2/74 de Colegios Profesionales), llena de años, deficiencias y parches, a los que hubo que acudir varias veces para adecuarla a la Constitución de 1978 y a las sucesivas oleadas reguladoras de la Competencia ocurridas desde entonces

Pudiera ser que el reproche señalado causara pavor en aquellos que lo perciban como una provocación al monstruo cuando ya se marchaba dejándonos milagrosamente con vida. Pero pronto comprenderán, no sin el correspondiente esfuerzo reflexivo, que resulta imprescindible traerlo a colación ahora que estamos sobre aviso, porque conocemos sobradamente al monstruo y sabemos que volverá más pronto que tarde y también nos conocemos cuantos poblamos la ciudad de las profesiones y sobradamente sabemos también que, cuando vuelva, pudiera encontrarnos con la casa sin barrer.

De modo que resulta absolutamente imprescindible que seamos capaces de determinar qué sea lo que significa la retirada a trámite de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y qué venimos llamados a hacer ante dicha retirada, si de verdad deseamos que su más que probable regreso nos encuentre pertrechados y dispuestos a conseguir la ley que nuestros Colegios Profesionales necesitan para cumplir los fines que los hicieron necesarios y justifican su existencia.

Gran éxito del profesionalismo español
En cuanto a la significación que pueda tener la retirada de su tramitación de la ley mencionada es evidente que, en primer lugar y de una parte, constituye un éxito político de primer orden del conjunto de las profesiones y de todos los profesionales españoles. Y, muy especialmente, un éxito del conjunto de los Colegios profesionales de toda España pues han sido ellos, en el ejercicio de su competencia y función en defensa de los intereses de sus colegiados y de los consumidores y usuarios de sus servicios profesionales los que, con la fuerza que le prestan todos ellos, han espantado a las autoridades de la competencia y a las del Ministerio de Economía, así como a sus propósitos “colegicidas”.

No ha sido una vez sino varias, las que hemos traído a colación en estas páginas el clamor de todas las profesiones contra la ley retirada a trámite y las razones por las que todo el profesionalismo español entendía que la misma implicaba un ataque concluyente contra los Colegios Profesionales, su naturaleza y elementos constitutivos, su libertad e independencia y su sostenimiento económico y que, si bien hacen innecesario reiterarlos aquí, justifican sobradamente el carácter exterminador de los Colegios Profesionales que, necesariamente y por las evidencias jurídicas que se desprenden de su propio texto articulado, debe atribuirse al propósito que con dicha ley alentaba a sus promotores.

También hemos comentado con la abundancia que requería, el desastre histórico que habría supuesto o supondría en cualquier caso y tiempo, mientras los servicios profesionales se ofrezcan y presten en el mercado a cambio de un precio, la supresión o mutilación irreversible de la identidad de los Colegios Profesionales como Autoridades Reguladoras de esos mercados desde su autonomía e independencia. En lo fundamental y orillando ahora el cúmulo inacabable de razones de todo tipo que lo abonan, por cuanto traería más pérdidas que ganancias, en contra de lo que machaconamente difunden y mienten los promotores de la ley y el lobby ultraliberal desregulador del sector y sus thinks tanks.

Siendo la pérdida más señalada, que la supresión de los Colegios Profesionales terminaría por arrasar el actual tejido económico-empresarial sostenible, solvente y decente de nuestras profesiones en Europa y la extraordinaria calidad de los servicios profesionales que reciben con él sus ciudadanos, consumidores y usuarios de los mismos, al entregar el mercado de los servicios en la UE a la codicia del capital especulativo mundial que lo contempla extasiado de lujuria, a la burbuja financiera después y, finalmente, a su posterior colapso con mal para todos menos para unos pocos, ajenos al profesionalismo, como tan plástica y cumplidamente nos relatara con precisión de cirujano nuestro Decano de Barcelona Oriol Rusca, en su fascinante ponencia dictada en el I Congreso de la Abogacía Madrileña.

Suele decirse con injustificado desdén, cuando la ciudadanía o los sectores sociales disconformes con una ley cuya aprobación se prepara, logran su retirada con motivo de su oposición militante, que ley ha sido retirada por el Gobierno por motivos “electorales” o, aún de forma más peyorativa, por mero “electoralismo”. Siendo el caso que debamos reivindicarnos en nuestra victoria, denunciando al tiempo que, con dicho tratamiento semántico, lo que tal relato consigue verdaderamente no es sino justificar al Gobierno y minimizar el logro alcanzado por la ciudadanía y sus profesionales, pues no sólo son las elecciones la auténtica palanca legislativa popular, sino la verdadera fuerza de su soberanía en democracia, de tal suerte que vencer al Gobierno por electoralismo no es sino hacerlo del único modo en el que puede y debe hacerse en paz y libertad. ¡Sólo faltaba que el Gobierno retirara proyectos de ley erróneos o injustos porque los ciudadanos lo convencieran dialécticamente de su error o injusticia! Eso no sería ya democracia sino lo siguiente, si es que existe.

De tal suerte que la gran victoria alcanzada por el profesionalismo español sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, no sería en modo alguno menos grande o importante si lo ha sido por el electoralismo padecido por el Gobierno en este año de gracia de 2015, en el que tantas batallas electorales se juegan, en ninguna de las cuales puede permitirse el lujo de arriesgar la pérdida del millón y medio de votos que los profesionales españoles sumamos, más los de nuestras familias que desplazan y que hace bien en intentar recuperar o retener del único modo en el que puede hacerlo: contentándonos. No siempre lo hace, de modo que felicitémonos y, sobre todo, no olvidemos nunca que la verdadera ley de la democracia no es otra que: “Yes, we can!”

La ley retirada volverá
Pero en segundo lugar y de otra parte, qué duda puede caber de que la retirada a trámite de la ley referida sólo puede significar también y además de lo dicho, que el Gobierno sólo está ganando tiempo electoral a cambio del tiempo de vida que los profesionales ganamos sin ella y que no sólo viene llamado por Bruselas a concluir la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Servicios (2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior) que esa ley precisamente articulaba, sino que viene llamado también por mera legalidad, coherencia y dignidad política de todos a otorgar a los profesionales una ley que regule sus servicios y los órganos de autorregulación de sus mercados concebida, tramitada y promulgada en democracia, superando de manera definitiva la actual, fruto de los últimos años de la dictadura franquista.

Lo que quiere decir, sencilla y llanamente, que la ley retirada volverá. Siendo en todo caso las únicas dudas que caben sobre dicho acontecimiento, saber cuándo lo hará, de qué color será el Gobierno que la traiga, qué apoyos tendrá en la oposición y qué modificaciones propondrá para su aprobación al texto articulado hoy retirado. Pero, sobre todo, cómo volverá. Porque pudiera ser que lo hiciera de un modo que resultara imparable por su rapidez y terrible por mantener intacta su violencia exterminadora.

Sería algo así como lo que he dado en titular el “efecto tsunami”, que consiste en que cuando el mar se retira de un modo raro, tendido y repentino es que va a volver como una ola gigantesca que, a su llegada a la costa, golpeará lo que encuentre a su paso con una violencia formidable de efectos devastadores. Lo que hago en recuerdo de una niña presente en la costa trágica de Tailandia la mañana del día 26 de diciembre de 2004 que, según cuentan las crónicas de entonces, salvó a unas cincuenta mil personas de una muerte segura, al decir a sus padres muy seria y formal, mientras veía que el mar se retiraba muy rápidamente y a sensible distancia que, según su maestra, si el mar hacía eso es que iba a venir un ola muy grande y muy mala, propiciando sus gritos de alarma y la consiguiente huída masiva de los salvados.

De modo que, tras la alegría y la celebración de la victoria no estaría nada mal que no olvidáramos prepararnos para recibir a nuestra ley una vez más. Lo que inevitablemente nos conduce a la segunda cuestión planteada, a saber: qué venimos llamados a hacer ante dicha retirada si de verdad deseamos que, a su seguro regreso, nos encuentre pertrechados y dispuestos a conseguir la ley que nuestros Colegios Profesionales necesitan para cumplir los fines que los hicieron necesarios y justifican su existencia.

Propongamos nuestra propia ley de Colegios
Y aquí es donde verdaderamente creo que estamos llamados a cambiar nuestro destino, cambiando igualmente el paradigma que ha guiado hasta hoy al profesionalismo institucional patrio en su función “legislativa” o aquella destinada a informar cuantas leyes le afecten y que recoge de modo tan general como abierto el artículo 5 de la vigente Ley de Colegios Profesionales: Dejar para siempre en cuestiones fundacionales, como ocurre con la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de informar las leyes protestándolas o proponiendo modificaciones a las que ya vengan cocinadas desde el poder de los intereses ajenos, para “informarlas” proponiendo un texto articulado alternativo o, al menos, una ley de bases. En una palabra, proponiendo “nuestra” propia Ley de Servicios y Colegios Profesionales para determinar con la debida precisión, para propios y extraños, qué ley queremos y necesitamos.

Pero, además y esta vez, previendo el “efecto tsunami” ya señalado y el factor sorpresa que implica y que podría ser definitivamente letal para nuestra existencia y aspiraciones, en modo alguno sería inopinado o incluso excesivo, levantar nuestro texto articulado en un primer y gran Congreso de Colegios Profesionales de España, que no sólo pusiera en su deliberación lo mejor de lo que somos, sino que sirviera de aviso para navegantes de que estamos en guardia y seguimos manteniendo la defensa de nuestros Colegios, disuadiendo maniobras legislativas que trataran de eludir el consenso con los profesionales a la hora de otorgar nuestra ley reguladora.

Comprendo perfectamente la palidez que cubrirá más de un rostro ante tamaño reto pero parece claro que, como todos los grandes retos, siempre hay un día, una generación y un puñado de héroes capaces de afrontarlos e, incluso, de conseguirlos como, sin ir más lejos, ocurriera con nuestra Constitución de 1978 o nuestro ingreso en la Unión Europea. El nuestro no es menor, pero tenemos todos los instrumentos necesarios para salir airosos en el intento: Un profesionalismo altamente cualificado, prestigiado, reconocido, estructurado, organizado, económicamente desarrollado, moderno, aún altamente cohesionado y aún bastante más decente que la media empresarial del país y no digamos que los de la cosa pública.

Pero, además y también, tenemos filósofos y pensadores, psicólogos, sociólogos, politólogos, economistas y líderes empresariales de las profesiones ilustrados y ejemplares y, desde luego, abogados para articularla, geólogos para remover las piedras, ingenieros para tender puentes, arquitectos para construir instituciones, médicos para curar a los heridos en la refriega y fisioterapeutas para aliviar la sobrecarga muscular mientras escalamos el Tourmalet del éxito. De modo que, como bien dice Fernando Sabater en “La tarea del héroe” (Ariel, Madrid 1981) si podemos, debemos hacerlo pero, como siempre ocurre en cuestiones de ética, lo verdaderamente importante no se encuentra en el deber o en la posibilidad de nuestros actos, sino en la voluntad que los mueve. En una palabra: en si queremos o no hacerlo.

Así es que, como canta Federico García Lorca en su “Llanto…”
(“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”. Cruz y Raya. Madrid, 1935):

Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura.
Los que doman caballos y dominan los ríos;
los hombres que les suena el esqueleto y cantan
con una boca llena de sol y pedernales.
Aquí quiero yo verlos, …

junto con las mujeres, claro está (aunque los versos de Federico no fueran machistas porque con ellos espantaba otros fantasmas), para afrontar el regreso de nuestra ley, que de seguro volverá y ante la que ya sabemos que volveremos a jugarnos la existencia.