Ética Juridica y profesional

 

27 de noviembre, 2009, Rafael del Rosal

Los enemigos del secreto profesional

Artículo publicado por el autor en el suplemento jurídico del diario EXPANSIÓN del día 24 de noviembre de 2009, en el que se defiende la derogación de la inclusión de los abogados como sujetos obligados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales motivándolo, no solo en la limitación que implica del secreto profesional como garantía del derecho de defensa de todos los ciudadanos, sino también y muy especialemente, en la falta de proporcionalidad de la restricción, cuando la mayoría de gobiernos de la UE, fuente de la directiva de la que es transposición la ley en cuestión, se muestran tan reiteradamente renuentes desde el G-20, a desmantelar los parísos fiscales, corazón del ciclo del blanqueo de capitales.


La idea más brillante para acabar con el blanqueo de capitales se la debemos a Carlos Marx: acabar con los capitales. Parecía buena pero al ponerla en práctica puso de manifiesto tantos inconvenientes que los chinos, sus últimos seguidores, decidieron abandonarla para practicar con enorme pragmatismo y sin complejos uno de sus viejos aforismos: capitales blancos, capitales negros ¡qué más da! Lo importante es que acaben con la miseria y permitan comprar el mundo.

Occidente sin embargo, patria de todos los capitales, siempre practicó el viejo aforismo chino pero lleno de complejos. De modo que inventó los paraísos fiscales y el cambio de color de los capitales como motor de su descomunal sistema financiero pero, siempre respetuoso con las leyes, la democracia y las buenas costumbres, tuvo que declararlos ilegales, lo que no impide que aún los mantenga sin que el G-7 o el G-20 acaben de encontrar el día para desmantelarlos. Fórmula que también plantea serios inconvenientes prácticos: que para mantener la credibilidad de los gobernantes sin que acaben con los capitales negros, sus paraísos y su blanqueo, es necesario acabar con algo.

Sólo Europa, patria de la sutileza, encontró la forma de superar tan enojoso problema: ya que no conviene acabar con los paraísos fiscales y resultaba imprescindible acabar con algo, decidió acabar con los abogados. Fue así como en los años 1991 y 2001 y desde la Unión Europea, nuestros gobiernos promulgaron dos directivas -en España ya, Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales- y en 2005 promulgaron otra endureciendo las anteriores –hoy proyecto de ley en España-, que incluyen a los abogados entre los sujetos obligados a investigar el blanqueo de capitales entre sus clientes y a denunciarlo ante la autoridad competente.

El invento parece perfecto: Se desvía la atención del respetable desde el poder del Estado a los abogados, culpabilizándolos por adelantado como concausa del blanqueo de capitales y ofreciéndolos como chivo expiatorio. Se hace venir la iniciativa desde la Unión Europea, endosando las culpas a ese No Estado coartada, sin gobierno elegido en las urnas y sin que tenga que responder ante ellas. Se aparenta decisión en la lucha contra el crimen organizado y su hermosa lavandería sin tocarlos. Y, finalmente, se consigue una fuente de información privilegiada para dar un golpe justificativo de vez en cuando.

Pero tiene el inconveniente de que su refinado propósito no evita que nos acerquemos peligrosamente al sistema chino que, aunque nos hará riquísimos, tanto nos disgusta por aquello de la falta de derechos fundamentales y democracia. Pues convertir a los abogados en taimados soplones de cuello blanco, pervierte hasta aniquilar su derecho y su deber de secreto profesional, arruina su crédito profesional y restringe el derecho fundamental de defensa de todos al romper el equilibrio de las instituciones que componen el delicado mosaico funcional del Estado de Derecho. Y si bien es verdad que los abogados hemos acumulado mala fama por méritos propios, también lo es que, en lo tocante a la corrupción a gran escala, aún la conservamos menos dañada que los gobernantes, los partidos políticos, los funcionarios, los del urbanismo municipal, las autoridades de control financiero y jueces, fiscales y policías, piezas mucho más necesarias por su posición institucional que los abogados para el ciclo del blanqueo de capitales, su encubrimiento y su impunidad.

Pero, además y esto es lo decisivo, al contrario que los abogados, forman parte de los aparatos del poder omnímodo de los Estados, cómplices por omisión de los paraísos fiscales que no desmantelan, que tienden a ser fuente de todo abuso y arbitrariedad para justificarse y prevalecer y pugnan y pugnarán por limitar los derechos fundamentales que les arrancamos, como acreditan las directivas comentadas, las escuchas en prisión de las comunicaciones cliente/abogado ordenadas por los jueces, las declaraciones del Director del MI5 británico, Jonathan Evans, defendiendo la tortura para la prevención del terrorismo o el descaro de Alberto Gonzáles, fiscal general USA con Bush, defendiendo lo mismo respecto de Guantánamo.

Es por eso que estoy por la derogación inmediata de la inclusión de los abogados entre los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. ¿Hay ahí alguien más?